Fallos de la Justicia y un debate caliente con taxistas como protagonistas: ¿cómo se instaló Uber en otras ciudades?

Desde que Uber comunicó su arribo a la ciudad de San Luis a fines de septiembre, el debate en torno al servicio de transporte semipúblico fue uno de los temas centrales en la agenda de la gente.

Los principales opositores a la llegada de la empresa fueron los diferentes sectores de taxistas. Tanto propietarios, agencias y peones salieron desde un primer momento a cuestionar el uso y subrayar que la instalación en la capital es “ilegal”.

Pero la aplicación funciona desde hace varios años en distintas ciudades del país y surgen preguntas: ¿Cómo fue el tránsito a las apps? ¿Qué conflictos hubo? ¿Qué solución se dictó?

Una de las jurisdicciones de la región que adoptó el sistema fue Mendoza. En septiembre de 2018, el gobierno de Alfredo Cornejo reglamentó la Ley de Movilidad que habilita el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales.

La tarifa no está regulada, sino que la rige el mercado, pero los choferes solo pueden llevar a pasajeros que se contacten por medio de las aplicaciones para celulares y no tienen permitido levantar clientes por la calle.

La llegada de las plataformas generó protestas y una demanda judicial de los propietarios de taxis. Entre los puntos de rechazo se destacaba la crítica al cambio de calificación de “transporte público” a “transporte de interés general”, afirmando que generaba inseguridad jurídica.

En junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia avaló el funcionamiento de las plataformas y alega que también pueden usarla los taxis y remises tradicionales.

Es así que rechazó el pedido de inconstitucionalidad planteado por la Asociación de Propietarios de Taxis (Aprotam) contra la ley que reguló el servicio de Transporte Público y posibilitó la actividad de Uber y Cabify en la provincia del vino.

En la actualidad la Ciudad de Mendoza y Cabify llevan adelante una “alianza estratégica” que permitirá, entre otros beneficios, que más mujeres puedan acceder a una fuente de empleo digna, segura y flexible. Además, se busca que las personas responsables de la conducción sean promotoras del turismo y la seguridad en la ciudad.

El caso de Córdoba hasta estos días resuena en el debate público, más allá de que funciona desde hace tiempo. Desde un comienzo hubo una disputa entre la Municipalidad y Uber.

El Concejo Deliberante aprobó en estos días un fuerte aumento de las multas contra Uber y el transporte ilegal.

Puntualmente, los concejales modificaron el artículo 181 del Código de Convivencia en lo referido a la prestación de servicio de transporte de personas sin habilitación municipal y mediante agencia, central o aplicación no habilitada.

Señala que la modificación de la ordenanza tratada estipula la inhabilitación definitiva para ser licenciatario de todo servicio público o privado municipal, de transporte de pasajeros.

En abril de 2016 Uber llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Su arribo no fue indiferente y se mantuvo entre la gran expectativa de los usuarios, por un lado, mientras que del otro estaban las críticas de parte de los choferes de taxis y sindicatos y la postura de las autoridades, que no dudaron en calificarla ilegal por no ajustarse al código de transporte porteño.

Con incentivos económicos, Uber intenta convencer a los taxistas. Quienes se registren y comiencen a manejar pueden obtener hasta $100.000 adicionales al completar sus primeros 50 viajes y aquellos que ya estén registrados y recomienden a otros colegas podrán sumar $50.000 adicionales por cada taxista que se registre en la app y complete 50 viajes.

Pero como sucedió con otros ejemplos, hubo denuncias. El Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), lo llevó a cabo en esta oportunidad.

Al respecto, la Justicia porteña consideró que "no se demostró una omisión relevante que configure una nítida falta de servicio por parte del GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía y control en el cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte, en particular, en lo que respecta al Sistema Uber".

En el caso de Rosario el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se declaró en alerta y movilización por la llegada, lo mismo que en San Luis. Y aunque había anunciado la decisión de plantear un paro del servicio, luego dejaron la medida en suspenso tras la reunión que sus directivos mantuvieron con autoridades municipales.

La entidad que agrupa a los empleados del taxi no descartó decidir un paro por tiempo indeterminado, como protesta contra la proliferación de vehículos al servicio de las aplicaciones ilegales, Uber sobretodo, y también Cabify en menor medida

Lo cierto es que en el territorio puntano el uso de la aplicación ya está entre los vecinos, pero las presentaciones del sector de los taxistas presionan para prohibirla.

El argumento es que “viola” la ordenanza que regula el servicio e incluso piden que aumenten las multas para vehículos que presten el servicio de forma ilegal. Actualmente la sanción es de unos $2500 y buscan elevarla a $1.015.680.